Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad colombiana de Cali (suroeste), denunció el hallazgo de dos micrófonos ocultos en su despacho horas después de que se desatara un escándalo por las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas.
La Alcaldía de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, señaló que los micrófonos receptores y transmisores de sonido con alcance entre 5 y 10 metros fueron hallados debajo de una mesa y en un reloj de pared por un equipo que estaba decorando la oficina.
«Revisando nuestra oficina el día de hoy (…) han encontrado instalados micrófonos. ¿Fueron instalados para ‘chuzar’ a nuestro Gobierno? ¿Espiaban a (el exalcalde Maurice) Armitage ? Pondré a consideración de la Fiscalía esta situación criminal», afirmó Ospina, que asumió el cargo el 1 de enero pasado, en Twitter.
El alcalde le comentó la situación al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la Fiscalía General de la Nación para que realicen las investigaciones pertinentes.
«En cualquier escenario esto es delicado y se debe regular porque todos tenemos derecho a la intimidad, a que la información pública no sea utilizada con fines oscuros y tenemos derecho a no ser espiados», añadió Ospina.
El director del Departamento Administrativo de la Información y las Comunicaciones de Cali (Datic), Guido Fernando Ríos, explicó que se está realizando la identificación de los equipos que fueron instalados de forma irregular, por lo cual la Fiscalía está revisando si el objetivo era escuchar las conversaciones de Ospina o de Armitage.
«Chuzadas sin cuartel»
Lsa denuncias de Ospina se desvelaron horas después de que la Revista Semana informara que el relevo como comandante del Ejército colombiano del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
Según el informe titulado «Chuzadas sin cuartel», miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal «sofisticados equipos» donados por organismos de inteligencia de EEUU. para «fines ilegales».
Esas escuchas, realizadas el año pasado, ocurrieron en las instalaciones de dos guarniciones del Ejército «como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación».
Un militar aseguró que a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
«Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)», añadió el uniformado.
Este caso recuerda al de las «chuzadas», como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Rechazo a interceptaciones
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazó las interceptaciones y las intimidaciones contra periodistas que realizaron los uniformados «a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales».
«La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que sin un espacio libre de injerencias ilegales el derecho a la libertad de expresión no puede ser ejercido plenamente», señaló la FLIP.
El organismo documentó 257 casos de periodistas amenazados y 178 durante el 2019 y consideró que resulta «especialmente dramático que nuevamente sea el Ejército la institución que está involucrada en intimidaciones, amenazas e interceptaciones» a los comunicadores. EFE
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Source: Informe 21